Los meses de Marzo y Abril de 1932 son terribles. El
movimiento sindicalista provoca muertes, altercados, violencia, asaltos
incontrolados a cortijos, revueltas, allanamientos en los cuarteles de la
Guardia Civil en las principales ciudades de España.
En Barcelona, un empleado
de banca asesina al director de la entidad en la que trabajaba. En Vitoria muere un sereno. Y en Toledo la
proclama de un bando redactado por el gobernador civil por causa de una huelga
general causa dos muertos y cinco heridos en la Guardia Civil y deja a la
ciudad oscura durante varias horas. Desde ese mismo momento en la capital
toledana cualquier grupo de más de dos personas puede ser disuelto aun con
violencia.
Carlistas y republicanos se enfrentan en Haro. Socialistas y
católicos en Gálvez. Radicales y socialistas en Larnes. Y sin nombrar más
ejemplos, esta tensa situación de confrontamientos se alargará hasta los meses
de verano.
Con ese clima de descontrol, con el proceso inciciado de
secularización del Estado, y los sindicatos tirando en exceso de la cuerda de
la estabilidad social y laboral, los Ministros de Trabajo y de Agricultura
siguen con los puntos establecidos en su hoja de ruta de las reformas y se muestran decididos a impulsar la reforma
agraria considerada como necesaria por los mas desfavorecidos.
Desde el Ministerio se sostiene que la reforma agraria
pretende remediar el paro agrícola, redistribuir la tierra y racionalizar el
cultivo. La derecha opina que es la excusa perfecta para hacer por su cuenta la
revolución y considera que la intención de expropiar a los terratenientes los
grandes latifundios sin cultivar entregándoselas a los trabajadores será el
principio del fin de la propiedad privada.
El Gobierno crea la Comisión Técnica Agraria como elemento
asesor para instaurar las reformas. Pero el primer proyecto que se elabora no prospera y queda bloqueado por
la derecha defensor de los propietarios rurales y los socialistas que lo tildan
de conservador al no contemplar la expropiación.
En Marzo de 1932, Marcelino Domingo elabora
un nuevo proyecto que suprime el impuesto sobre las grandes propiedades y
mantiene las indemnizaciones los que sufran las expropiaciones. Se inicia el debate
parlamentario con el `convencimiento de haber solucionado las trabas iniciales.
Pero de manera sorprendente para Domingo, la propuesta es aplastada por la
derecha y por los socialistas.
Para el propio Ministro lo más grave es que su propio
Gobierno mira hacia otro lado. La nueva reforma parece no interesar a Azaña, ni
a los catalanistas, ni tan siquiera al mismo Gobierno. Es más, parece que Azaña
descubre que se ha equivocado al nombrar a Domingo ministro.
Llegados al mes de Agosto la ambiciosa reforma agraria
estimulo de la prometida consolidación de la República solo tiene cuatro artículos
aprobados y mas ha causado más de un dolor de cabeza