Como ejemplo claro de esta inestabilidad, están los dos proyectos estatutarios presentados en Las Cortes: El catalán “prometido” de alguna manera para poder iniciar el periodo republicano, y el vasco, históricamente revindicado. En este último, el proyecto del Estatuto vasco, rechazado por amplia mayoría en Las Cortes, se pretendía dividir el territorio vasco en zonas lingüísticas euskeras y españolas a efectos administrativos y educativos, y los inmigrantes españoles con menos de 10 años, carecerían de derechos políticos. Es decir, la incoherencia parecía apoderarse de la calma necesaria para cimentar un proyecto a largo plazo que hubiese aportado serenidad interna y externa. Cabe recordar que España era mirada por los acreedores e inversores extranjeros con lupa.
Los propios encargados de redactar el proyecto estatutario, rechazan realizar un referéndum ya que se consideraban legitimados por las elecciones de Junio. Con la negación rotunda de Las Cortes a aprobar el borrador presentado, el Gobierno encarga a las cuatro diputaciones provinciales gobernadas por socialistas, republicanos y Acción Nacionalista vasca (no invitados al texto original) elaborar un nuevo proyecto que no transgreda la Constitución y es el que finalmente se aprobará.
Al margen de las reivindicaciones políticas, el país está sembrado de huelgas generales. Desde el verano la tormenta sindical no amaina. Los monárquicos han desaparecido de la vida política del país y la Iglesia tensa la situación por momentos. Sin embargo, el nuevo Gobierno actúa con determinación y sigue con su plan establecido.
Durante el pasado mes de Agosto la Comisión Gubernamental presentaba en Las Cortes los borradores para la nueva Constitución. El primero en aprobarse establecía que España es una República democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de Libertad y Justicia.
Primer borrador del artículo primero de la Constitución
Se reconoce el estado Integral y el derecho de autonomía, se suprime el Senado, se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales (base para el Tribunal Constitucional), se aprueba el divorcio y se pone en marcha la Secularización del Estado. El Gobierno da un plazo de dos años para eliminar las contribuciones que mantienen el clero. A partir de ese momento, las órdenes religiosas tendrán que declarar sus bienes e ingresos como cualquier otra organización de carácter privado.
Se pretende apartar a algunas órdenes, en concreto a los jesuitas, de la educación.
El mismo Gobierno muestra síntomas de flaqueza en los debates del polémico artículo de la Constitución. Por un lado Fernando de los Ríos se muestras más comprensivo con la Iglesia, pero Azaña, inflexible, considera el problema religioso como una cuestión de salud pública. La postura es inamovible: No se trata de despoja a la Iglesia sino de suprimir sus privilegios.
Estalla la primera crisis gubernamental y con ello, y lo que es peor y decisivo, la primera crisis grave de La Republica.
El presidente del Gobierno, Alcalá Zamora y el Ministro de Gobernación, Maura, dimiten incluso antes de que llegue a votarse el polémico artículo 26. Si bien, el resultado por el que se aprueba la separación del Estado y la Iglesia obtiene un amplio consenso. Las dudas parlamentarias se trasladan a la calle donde se enfrentan las diversas corrientes a favor y en contra de la Iglesia.
Azaña se hace fuerte con la crisis y se erige como autentico líder de la colación entre socialistas y republicanos.
Indalecio Prieto gesticula en un mitin del partido Socialista
Se juzga en su ausencia a Alfonso XIII por ser cómplice de la Dictadura de Primo de Rivera, lo que enerva mas aun si cabe los ánimos de la corriente monárquica. El Conde de Romanones que defiende al monarca en su ausencia es condenado al destierro perpetuo.
Finalmente el 9 de Diciembre de 1931, se aprueba por 368 votos a favor y solo 38 en contra y después de sesiones interminables de trabajo, el texto de la Constitución. Una semana mas tarde es nombrado presidente de la República a Niceto Alcalá Zamora cuya primera decisión es nombrar a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno de la Republica.
Nombramiento y promesa a la Constitución de Niceto Alcalá Zamora
Para esos días los intelectuales, encabezados pro Ortega y Gasset y Miguel Unamuno, muestran su descontento con un Gobierno que ha exagerado el anticlericalismo y ha exagerado el nacionalismo. Y entre unos y otros están rompiendo el verdadero espíritu de la Republica.
El primer paso importante era aprobar la Constitución y a pesar de la fuerte división del Ejecutivo, los siguientes pasos Irán encaminados a equilibrar la fractura social presente en el mismo Gobierno, con un presidente del Gobierno anticlerical y un presidente de la República católico, y una sociedad situada en los extremos: católicos y anticatólicos, republicanos y monárquicos, orden y revolución, tradición y progreso, centro y periferia, proletariado contra al obrero en la ciudad y el terrateniente contra la mano de obra en el medio rural.
Publicidad que corria por las calles con el texto de la recien aprobada Constitución